La dictadura de Alberto Fujimori en Perú puso en práctica un
crimen de lesa humanidad a gran escala: la esterilización forzada de más de 300
mil mujeres indígenas.
La dictadura de Alberto Fujimori en Perú puso en práctica un
crimen de lesa humanidad a gran escala: la esterilización forzada de más de 300
mil mujeres indígenas.
En 1995, Fujimori anunció la implementación del Programa
Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), una
estrategia de salud pública que tenía como objetivo reducir la natalidad en las
regiones más marginadas de Perú.
«La esterilización forzada es una violación a los derechos
humanos que ocurre cuando una persona es esterilizada tras haber rechazado el
procedimiento, cuando éste se aplica sin su conocimiento o cuando la persona no
tiene la oportunidad de facilitar su consentimiento con conocimiento de causa».
Este crimen de lesa humanidad y violencia sexual ha sido
utilizado en Latinoamérica –especialmente contra los sectores más marginados y
poblaciones indígenas– y conlleva un procedimiento médico que afecta a la
fertilidad de forma permanente sin el consentimiento de la víctima.
Durante de la década de 1990, cientos de miles de mujeres
fueron sometidas a esterilizaciones forzadas bajo el supuesto programa de
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV). Todas compartían dos
características en común, eran indígenas y tenían un bajo nivel de ingresos.
El camino legal estuvo completo una vez que se aprobó la Ley
26530, una reforma que grosso modo modificaba la Ley de política nacional de
población, agregando la anticoncepción quirúrgica voluntaria como un método
anticonceptivo facilitado por el Estado. A pesar de que a primera vista esta
modificación legal simulaba un triunfo para los derechos reproductivos y
sexuales de las mujeres, lo cierto es que se convirtió en el camino para poner
en marcha una política que sin su consentimiento.
En el caso de la dictadura de Fujimori, la población
objetivo del PNSRPF no era fortuita: la elección respondía a una política
social basada en la eugenesia, además de apoyarse en las falsas premisas de que
los pueblos indígenas son ignorantes, viven en el atraso y deben renunciar a
sus tradiciones y cultura para lograr acceder a la modernidad (lo que sea que
esto signifique).
«Mujeres campesinas, indígenas de la amazonía y pobladoras
de las zonas marginales de las ciudades importantes, incluida Lima; en dos
palabras: mujeres pobres, que eran esterilizadas por medio de la ligadura de
trompas sin su consentimiento, usando la coerción, las amenazas, o en el mejor
de los casos el chantaje a base de la entrega de alimentos para someterlas a un
método anticonceptivo definitivo (...) del que no eran transparentemente
informadas».
El discurso de Fujimori aprovechó el contexto de crisis
económica para insertar el programa antinatalidad, anteponiendo intereses
económicos a derechos humanos y reproductivos, un crimen de lesa humanidad
cargado de darwinismo social con alcances genocidas:
«Este modelo contemporáneo de eugenismo, practicado
mayoritariamente en los sectores más empobrecidos del país, apuntó a una
estabilización (y posiblemente disminución) del crecimiento poblacional en las
zonas rurales y campesinas, imponiendo por lo tanto una lógica de crecimiento
económico a todo costo y al detrimento de la dignidad humana».
El modus operandi de esta práctica se basó en la coerción y
las amenazas para concretar las esterilizaciones forzosas. El acoso de
doctores, enfermeros y personal de salud que realizaba visitas casa por casa
para convencer a las mujeres indígenas de acudir a la clínica era acompañado de
un alud de desinformación disfrazado de campañas de salud que recorrían las
comunidades marginadas.
De 1996 a 2000, más de 314 mil 605 mujeres fueron
esterilizadas. Menos del 10 % fueron intervenciones voluntarias. La mayoría
eran mujeres indígenas, quechua hablantes y analfabetas.
En ocasiones, el personal de salud aprovechaba la
convalecencia de las mujeres que acababan de ser madres y amenazaba con no
registrar al recién nacido si no aceptaba entrar al quirófano. En los casos más
graves, las mujeres eran acosadas y llevadas a la fuerza en ambulancia hasta
las clínicas.
La anticoncepción quirúrgica definitiva también se
presentaba como requisito para acceder a programas sociales, de infraestructura
o apoyos gubernamentales.
También era común amenazar a las víctimas
directamente con que sería detenidas por la policía o bien, convencer a los
esposos de las mujeres objetivo y hacerlos firmar un documento que otorgaba una
inexistente validez para practicar la esterilización.
A pesar de que Alberto Fujimori fue declarado culpable por
distintos crímenes y paga una condena en prisión, los delitos relacionados con
la política de esterilización no forman parte de su condena. La reparación del
daño, la búsqueda de la verdad y justicia ante la violación de los derechos
humanos y reproductivos que sufrieron cientos de miles de mujeres en Perú sigue
en pie.
(fuente: https://culturacolectiva.com)
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ResponderEliminarComentario eliminado... ufff... no me llevo bien con los blogs :( Mis disculpas, Silvia!
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