Dictadura de Stroessner
Stroessner en Paraguay: la dictadura más larga de América
del Sur
Ni Argentina ni Chile ni Brasil: la dictadura más larga en
América del Sur fue la de Alfredo Stroessner, quien gobernó Paraguay entre 1954
y 1989. Su mandato fue el segundo más largo de América Latina ostentado por una
sola persona, después de Fidel Castro en Cuba. El militar Stroessner se mantuvo
en el poder mediante un fuerte aparato represivo y un elaborado sistema de
corrupción.
A pesar de la victoria de Morínigo, Paraguay no logró la
estabilidad. Un año después de la guerra, el país vivió un golpe de Estado que
desencadenó un carrusel de presidentes y levantamientos militares que no paró
hasta el golpe de Estado de Alfredo Stroessner en 1954. Stroessner tuvo un
ascenso meteórico en las Fuerzas Armadas a raíz de su participación tanto en la
guerra del Chaco como en la guerra civil del 47. En 1951 se convirtió, con solo
39 años, en el comandante en jefe del Ejército. A partir de ahí, empezó a
movilizar apoyos dentro de los colorados y las Fuerzas Armadas para dar el
golpe de Estado que terminaría llevándolo al poder. Sin embargo, Stroessner no
accedió directamente a la presidencia, sino que convocó unas elecciones para
llegar al poder de una manera aparentemente democrática: colocó primero a un
presidente provisional, Tomás Romero, y luego se presentó a los comicios como
candidato único del Partido Colorado. Así es como en agosto de 1954 el militar
llegó al Gobierno paraguayo y empezó lo que históricamente se llama el
Stronato.
Stroessner basó su régimen en un discurso de exaltación de
la identidad paraguaya reforzado con un duro discurso anticomunista. Empezó su
Gobierno con unas medidas económicas, impulsadas mediante un plan de
estabilización del Fondo Monetario Internacional, que profundizaron las
diferencias entre las élites económicas y la población rural. Como
consecuencia, enfrentó en los primeros años de su mandato varias huelgas de
trabajadores, campesinos y estudiantes que sacaron a relucir la política
represiva del dictador. Stroessner impuso un sindicato afín al Gobierno en las
organizaciones laborales y fue especialmente violento contra las oposiciones
populares. También castigó duramente a las voces críticas dentro del propio
partido. En 1959 la Cámara de Diputados condenó la brutalidad policial en una
moción apoyada por algunos políticos colorados. Stroessner respondió de manera
contundente: disolvió el Congreso y envió la caballería a Asunción, la capital.
Además, arrestó a unos 300 disidentes del Partido Colorado, que fueron
deportados a Argentina.
También los oficiales de las Fuerzas Armadas debían tener el
carné colorado. Con el tiempo, muchos militares llegaron a ocupar puestos de
poder tanto en el Gobierno como en la dirección del partido, lo que estrechó
una alianza entre el Partido Colorado y el Ejército que sería una de las claves
para la perpetuación en el poder de Stroessner. De hecho, la Armada se
pronunció a favor del mandatario en todas las elecciones presidenciales que
ganó Stroessner, siempre con un margen de victoria sospechosamente amplio y
raras veces enfrentado a una oposición real. El mandatario fue elegido siete
veces presidente de Paraguay con un apoyo promedio del 88,7%.
Prisión, torturas y exilio
Stroessner puso en marcha un amplio aparato represivo para
controlar a la disidencia política. Para empezar, limitó la libertad de prensa.
A lo largo de la dictadura fue estrechando el cerco sobre los medios de
comunicación hasta que cerró el principal diario, ABC Color, en 1984, y el
semanario de la oposición, El Pueblo, en 1987. Los dos principales canales
privados de televisión pertenecían a parientes o políticos cercanos a
Stroessner. El Partido Colorado también se extendió como aparato represivo: sus
organizaciones territoriales contaban con redes de fieles —llamados pyragues,
‘espías’ en guaraní— que se dedicaban a observar a sus vecinos y denunciarlos a
las autoridades ante cualquier indicio de actividad opositora. Con estos
mecanismos, la censura y la autocensura se acrecentaron.
Víctimas de la dictadura en Paraguay.
A quienes se opusieron a la dictadura los esperaron
detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y el exilio. La
Comisión de Verdad y Justicia calcula que hubo un total de 20.090 víctimas
directas de violaciones de derechos humanos y 107.987 víctimas indirectas.
Entre las primeras, la mayoría fueron víctimas de detenciones arbitrarias, de
las cuales el 94,5% sufrieron torturas durante su detención.; también se
cuentan exiliados, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El
número total de personas que vieron violados sus derechos, según la comisión,
es de 128.077 en un país con 6,8 millones de habitantes, es decir, una de cada
53 personas. Los sectores más perseguidos fueron los movimientos campesinos,
que sufrieron el 24% de las violaciones de derechos; el Partido Liberal
—19,29%— y el propio Partido Colorado —14,21%—. El Partido Comunista sufrió el
10% de las agresiones; teniendo en cuenta que era el más pequeño, fue el que se
vio proporcionalmente más afectado.
Para hacer posible esta violación continuada de los derechos
humanos, el Ejecutivo tuvo al país bajo permanente estado de excepción, una
medida que suprimió las garantías recogidas en el habeas corpus y limitó la
capacidad de control de la rama legislativa del poder. Bajo este estado, se
aprobaron leyes que contemplaban el “delito ideológico” y que ampararon la
arbitrariedad del poder ejecutivo. Este también controlaba el poder judicial,
ya que sus miembros eran designados por el Gobierno. El aparato represivo, con
el Ejecutivo en la cúspide, coordinó tanto a los cuerpos de policía como de
militares, que fueron el brazo ejecutor de la represión. Es especialmente
espeluznante corroborar que las detenciones, desapariciones y torturas las
llevaron a cabo las estructuras oficiales del Estado y no grupos militares o
policiales clandestinos, como sí sucedió en otros regímenes dictatoriales de la
región. Tampoco hubo centros de detención y tortura clandestinas: los delitos
se perpetraron “de manera visible y publicitada” en dependencias policiales,
militares y gubernamentales, según la Comisión de Verdad.
Uno de los factores que estabilizó el país tras el golpe de
Estado de Stroessner fue la ayuda que brindó Estados Unidos a Paraguay de
manera sostenida durante gran parte de la dictadura. A través del programa
Alianza para el Progreso, un proyecto para impulsar el desarrollo en América
Latina, el país norteamericano inyectó dinero al Gobierno de Stroessner hasta el
punto de que Paraguay se convirtió en el tercer destinatario de esta ayuda. La
relación entre los dos países tomó un cariz cada vez más político: Paraguay
abrazó la Doctrina de Seguridad Nacional, la doctrina militar que Estados
Unidos exportó a muchos países de América Latina en un contexto de Guerra Fría
para reforzar la lucha anticomunista tanto a nivel internacional como interno.
De hecho, la Comisión de Verdad constata que el aparato represivo paraguayo
“recibió un permanente asesoramiento norteamericano” desde 1956, especialmente
para armar la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, un organismo dependiente
del Ministerio de Interior que era “un siniestro centro de tortura”.
El stronato empezó a debilitarse en la década de los
ochenta. Una crisis económica alcanzó Paraguay y el descontento no solo creció
entre la población, sino en el seno del Partido Colorado y las Fuerzas Armadas,
cuyos miembros empezaron a ver disminuir los ingresos que les llegaban gracias
a la corrupción. En 1984 se hizo visible la primera fisura dentro del engranaje
de poder de Stroessner: propuso como vicepresidente del partido a uno de sus
seguidores más fieles, Mario Abdo Benítez, secretario privado del dictador. El
nombramiento levantó ampollas y por primera vez se hizo público el descontento
del Partido Colorado. Dos años después, una facción de la organización pidió un
candidato civil para las elecciones presidenciales.
Las fracturas coloradas coincidieron con posiciones cada vez más tibias de Estados Unidos hacia el stronato. En 1985 el presidente Ronald Reagan se refirió a Paraguay como una “dictadura”: su apoyo a Stroessner era cada vez más difícil de justificar en un contexto de lucha abierta contra los Gobiernos de Cuba y Nicaragua bajo la bandera de la democracia. A través de su embajador en Paraguay, Clyde Taylor, el país norteamericano intentó favorecer un diálogo entre Gobierno y oposición para lograr una transición calmada, pero el Ejecutivo paraguayo se cerró en banda y alejó aún más a Estados Unidos, que dejó de prestarle apoyo económico y diplomático.
Gral. A Rodriguez
El general Andrés Rodríguez fue quien se encargó finalmente
de poner fin al Stronato. Rechazaba que el poder estuviese reservado a los
pocos fieles que le quedaban a Stroessner, cada vez más apartado de las otras
facciones del Partido Colorado. Ante un Gobierno y un presidente debilitados,
el general decidió atrincherarse en sus oficinas con una considerable
representación del Ejército. La noche entre el 2 y el 3 de febrero de 1989 se
alzó en armas y depuso a Stroessner con enfrentamientos que dejaron al menos
200 muertos.
A partir de ese momento, Paraguay inició su transición hacia
la democracia, una transición ampliamente cuestionada. Para empezar, los
principales responsables de la dictadura y de las violaciones de derechos
humanos gozaron de una impunidad que se extiende hasta hoy. Stroessner se
exilió en Brasil, donde murió en 2006 sin haber rendido cuentas, y nadie ha
sido procesado por los casos de torturas. En gran parte, esto se debe a que el
fin del régimen vino de la mano de las propias Fuerzas Armadas y el Partido
Colorado, que buscaban recobrar el poder que habían perdido en los últimos años
del Stronato, y no de la población civil ni de los partidos de la oposición.
Rodríguez había sido la mano derecha de Stroessner durante gran parte de la
dictadura y era, además, su consuegro.
A pesar de que en 1992 se aprobó una nueva Constitución que
recuperaba derechos civiles y políticos y que volvía a limitar el poder del
Ejecutivo, muchos problemas quedaron sin resolver. La Comisión de Verdad
concluye así su informe:
“A pesar de los cambios realizados y los esfuerzos desplegados
por constituir un Estado social de Derecho […], Paraguay dista mucho aún de
serlo. Muchas instituciones, y principalmente las que tienen que ver con la
justicia, el derecho, la seguridad y las garantías ciudadanas, han sido
maquilladas democráticamente pero siguen manteniendo muchas de las
características de un sistema totalitario”.
Mario Abdo
La hegemonía del Partido Colorado ha sido prácticamente
inquebrantable, incluso en el periodo democrático. Solo entre 2008 y 2013 hubo
un partido distinto en la presidencia: Fernando Lugo ganó las elecciones por la
Alianza Patriótica por el Cambio. Lugo fue destituido en 2012 por un juicio
político que muchos tacharon de poco garantista y que llevó a la suspensión de
Paraguay del Mercosur. Con esa pequeña excepción, el Partido Colorado ha
gobernado Paraguay desde 1948. El actual presidente, el conservador Mario Abdo
Benítez, quien ganó las elecciones en agosto de 2018, no es otro que el hijo
del secretario privado de Stroessner cuya designación como vicepresidente del
partido desencadenó el golpe de Estado contra Stroessner.
(fuente:https://elordenmundial.com/)
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